Rafael Latorre

Rafael Latorre

La anarquía de la administración

Asesoría LaboralPosted by Rafael Latorre Thu, September 19, 2013 17:19:23
El gobierno dictó un Real Decreto en el cual se establece la mal llamada tarifa plana del autónomo, en este se dice que se establecen las siguientes bonificaciones para los autónomos:

a) Una reducción equivalente al 80% de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.
b) Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al período señalado en la letra a).
c) Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra b).
d) Una bonificación equivalente al 30% de la cuota en los 15 meses siguientes a la finalización del período de reducción.

Las condiciones para las anteriores bonificaciones son , los trabajadores por cuenta propia que tengan menos de 30 años de edad y que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los cinco años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social.

Lo cual es una gran mentira en cuanto a lo que decían de tarifa plana de 50 € puesto que los 50 € es por las cuotas de las contingencias comunes mientras que hay que pagar alrededor de unos 25 € por las cuotas de incapacidad temporal. Pero resulta, que dentro de la Seguridad Social se ha realizado una circular, por la cual no se puede acceder a la subvención si se da de alta un autónomo que es administrador de una sociedad limitada.

Ante esto me surge la duda, ¿son las circulares de mayor valor que la ley?, Parece ser que si, que para la Seguridad Social sus condiciones son superiores a la ley, lo cual es jurídicamente imposible, pues las circulares internas no son fuentes del derecho.

Por lo cual, lo único que nos queda es acudir al orden jurisdiccional, puesto que los funcionarios van a aplicar la circular interna, y los recursos los denegarán, lo cual hace que para poder interponer una reclamación judicial, primero haya pagar la deuda, más abogado, procurador y tasas judiciales, por lo que es imposible que sea rentable la discusión judicial con la administración, puesto que las tasas no van a ser devueltas aunque se gane el proceso judicial.

Todo ello hace que hoy por hoy sea todo al contrario de como debería ser, el gobierno legisla y la administración la adapta a su gusto, modificando la Ley a su conveniencia y casi sin posibilidad de poder discutirse legalmente, pues se aprovechan de que los importes son siempre inferior al coste de la reclamación, lo que hace que los ciudadanos tengamos una gran indefensión ante la administración, conculcando nuestros derechos fundamentales.

Rafa Latorre.



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